El inicio del próximo curso supone 3.000 docentes menos a añadir a los 2.500 del año pasado
En este inicio de curso, la Comunidad de Madrid ha eliminado 2.500 profesores de la enseñanza pública, a pesar de tener unos 14.000 alumnos más. Los recortes educativos afectan a todas las áreas y se concretan en:
– Masificación de las clases por el incremento del número de alumnos por profesor, hasta llegar en algunos casos a cifras cercanas a 40 alumnos por aula, aulas diseñadas para albergar a unos 25 alumnos, lo que imposibilita el adecuado trabajo docente.
– Decisión de no sustituir bajas de menos de tres semanas, por lo que los alumnos quedan sin profesor y pierden clases, además de aumentar la ya sobrecargada carga de los profesores del centro.
– Disminución drástica de los programas de formación continua del profesorado, en un contexto de aumento del uso de nuevas tecnologías (uso mayormente publicitario, pues la figura sobre la que gira una enseñanza de calidad siempre será el profesor y su formación es lo que mejora esa calidad)
– Abuso de la publicidad para ocultar la realidad. Campañas como la del “respeto al profesorado” con un coste de 1,8 millones de euros, mientras el recorte económico que se está realizando va destinado a degradar las condiciones de trabajo de los profesores. Se debe predicar con el ejemplo, no ocultar la realidad con simple propaganda.
– Eliminación de aulas de enlace, lo que imposibilita la atención y condena al fracaso educativo a alumnos con un pobre dominio del castellano.
– Eliminación de programas de compensatoria, lo que imposibilita la atención (condenando también al fracaso educativo) a alumnos con desventajas sociales.
– Eliminación de desdobles en idiomas (francés e inglés) lo que dificultará el aprendizaje.
– Todo esto choca con los privilegios de la asignatura de religión católica, pues basta que un sólo alumno de un determinado curso se matricule en ella para que se le ponga profesor (mientras en dibujo, música, etc. se necesita un 10% del alumnado del grupo, y mientras se eliminan desdobles, enlaces y programas de compensatoria).
– Igualmente las entidades religiosas se ven beneficiadas por la concesión de conciertos educativos y la cesión de terrenos para la construcción de colegios privados y/o concertados.
– Eliminación del segundo orientador, lo que conlleva la pérdida de calidad de este importante servicio educativo.
– Disminución de rutas de transportes escolares y becas de comedor y material, lo que atenta contra la igualdad de oportunidades.
– Falta de inversión en la enseñaza pública e incremento de la apuesta por la privada y concertada, lo que supone una salida de fondos públicos para actividades privadas. Apuesta por un modelo de enseñanza privatizado por su menor coste por la administración que atenta contra la igualdad de oportunidades, contra la calidad de la enseñanza y contra los derechos básicos de la ciudadanía al convertir a la educación en un negocio y a la enseñanza pública en un residuo para los estudiantes con menor capacidad económica.
– Cierre de centros de educación de adultos y de bachilleratos vespertinos, nocturnos y a distancia, en un contexto de crisis que está aumentando la demanda de estudios y masificando los centros que no han sido eliminados.
– Elevación de horas lectivas del profesorado, que junto a la masificación de aulas, dificulta la atención personalizada y nos aleja de la calidad educativa.
– Precarización del profesor interino, que pierde el pago de vacaciones y muchos de sus derechos básicos están en entredicho (licencias, permisos de paternidad, etc.) debido a que pueden perder su destino al solicitarlos.
– Falta de plazas para cubrir la demanda de Formación Profesional.
Este recorte no ha sido ninguna sorpresa, ha sido la constatación de una política deliberada que ha encontrado en la crisis la excusa perfecta para alcanzar sus objetivos últimos: la privatización de la educación.
Esta privatización educativa se refleja en cifras: el curso pasado había más centros privados que públicos, mientras en el resto del país 3 de cada 4 son públicos. La Comunidad de Madrid margina la inversión en educación pública (que cae un 42% en el periodo 2006-2010) e impulsa la inversión en privada-concertada (aumenta un 11% en el mismo periodo y un 22% las subvenciones a la concertada). En la última década se han construido en Madrid 292 centros públicos frente a los 728 privados, en muchos casos con cesión de terrenos por parte de la propia Comunidad de Madrid.
Se llega al contrasentido de que centros de construcción pública se sacan a concurso para ser gestionados por entidades privadas, debido a que la Comunidad de Madrid decide no hacerse cargo de su gestión.
En estas condiciones es evidente que en Madrid se concibe la educación pública como un residuo marginal para los que no pueden acceder a una educación privada, por lo que la política educativa de la Comunidad de Madrid atenta contra la igualdad de oportunidades, contra los derechos básicos de los ciudadanos.
